En un principio el plan era que el Valencia CF asistiera económicamente cada mes a la Fundación para que esta pudiera afrontar la devolución del préstamo, pero esto constituía un delito de asistencia financiera que denunció el agogado Andrés Sanchis y que por tanto no pudo llevarse a cabo al tratarse de una financiación ilegal. No se pudo hacer frente a dicho pago al no haber vendido la Fundación las acciones en su poder, y al no disponer de otros medios de financiación en los casi 4 años de tiempo que tuvieron para encontrarlos.
